De esos titulares que explican en poco más de una docena de palabras el nivel séptico que ha alcanzado el estado de derecho —no proceden las mayúsculas— en España: “El PP anuncia una reforma exprés para que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a Mas”. En la letra menuda, Xavier Garcia Albiol, el ultraderechista sin matices recién promocionado y modelo de conducta de un tal Maroto, traduce a román paladino el enésimo atropello jurídico que se perpetrará a mayoría absoluta armada: “La broma se ha terminado”. Le faltó masajearse la entrepierna y soltar un gargajo sobre el suelo del Congreso de los Diputados donde el tipo, que no tiene acta ni cosa parecida, presentó la iniciativa.
Enternece la reacción airada del resto de los partidos, incluyendo la de la formación que no hace tantas lunas se sumó sin el menor reparo a un cambiazo de la Constitución con agosticidad y alevosía. Cualquiera diría que se enteran ahora de que el supuesto altísimo tribunal no es más que una versión con toga y puñetas del poder ejecutivo de turno y que trabaja por encargo y a medida de Moncloa. Ya ven con qué naturalidad ocupa actualmente su presidencia un individuo que tuvo carné del PP y —se supone— pagó sus cuotas a Génova. Que en lo sucesivo vaya a tener la facultad de castigar a los señalados como enemigos oficiales de la patria no es más que la evolución lógica de sus funciones. Y como les decía el otro día sobre la carta del autotitulado sencillo ciudadano Felipe González, si lo contemplan desde la acera soberanista, es una de esas torpezas supinas del adversario que, lejos de dañar la causa, la favorecen.