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Otra vez el Constitucional

Si no encerrara decenas de miles de dramas, resultaría una historia chusca, a la altura del partido y la institución judicial que la han protagonizado. En marzo de 2020, Vox exigió la suspensión de la agenda del Congreso “hasta que las autoridades sanitarias certifiquen que se ha recuperado el control y no haya riesgo para la salud”. Y los abascálidos no se quedaron ahí. Dado que uno de los primeros diputados en contagiarse fue Javier García Smith, alias Geyperman, sus 51 compañeros se ausentaron del hemiciclo y provocaron la suspensión de un pleno. En las audiotecas consta el cabreo de la todavía por entonces vocinglera mayor del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. “El Congreso no se pone en cuarentena. Eso es inaceptable e inasumible. Los parlamentos no se cierran ni en una guerra”, proclamó la hoy outsider genovesa, afeando la actitud sus aliados requetediestros. Andando el tiempo, y una vez reducida hasta lo sanitariamente razonable la agenda de las Cortes, a Vox se le inflamó la vena y se plantó en el Tribunal Constitucional a presentar recurso de amparo contra el cierre… que nunca fue total.

Como saben, lo penúltimo es que la altísima magistratura ha tumbado esa clausura que no lo fue por seis votos a cuatro. Un togado conservador —qué raro, ¿verdad?— cambió a última hora de opinión y deshizo el empate. El argumento es que el Congreso impidió el desempeño de las funciones de los diputados, cuando debió hacerlas compatibles con las medidas para frenar la pandemia. Otra vez muletazos de adorno a toro pasado. Ya puestos, la parte carca del Constitucional debería fallar contra el propio órgano porque también suspendió su actividad.

Auténticos autónomos

Celebro que el Tribunal Supremo haya establecido en una sentencia de las que crean jurisprudencia que los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena a todos los efectos. Otra cosa es que mi escepticismo incurable me lleve a temer que la compañía encontrará el modo de salirse con la suya; un contrato laboral puede ser perfectamente precario, como bien sabemos. Por lo demás, hay un par de reflexiones que quizá cabría plantearse sobre el fondo de este caso. La primera es muy obvia y apela a la hipocresía de quienes se echan las manos a la cabeza por las condiciones a las que se somete a los currelas de esta u otras empresas del pelo pasando por alto su complicidad al hacer uso de sus servicios.

La otra cuestión es quizá más sutil, pero nos retrata muy bien como sociedad que da por descontado que ciertos colectivos tienen menos derechos que otros. Lo que nos escandaliza de los falsos autónomos es la realidad diaria de los auténticos autónomos. Incluso con las cuatro birriosas mejoras que se han introducido recientemente, la mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia carecen de los derechos que consideramos básicos cuando la relación es con una empresa o un empleador. Sorprendentemente —o no—, a los campeones mundiales de las denuncias de las desigualdades se les escapa esta.

Todas las violencias

Como hacen los compañeros que informan desde el epicentro de la bronca en Catalunya, habrá que empezar poniéndose el casco. Bien sé que no me libraré del mordisco de los que en lugar de chichonera llevan boina a rosca, pero por intentarlo, que no quede. Efectivamente, queridas niñas y queridos niños del procesismo de salón, no hay nada más violento que meter en la cárcel por la jeró a personas que, con mejor o peor tino, solo pretendían hacer política. Una arbitrariedad del tamaño de la Sagrada Familia; lo he proclamado, lo proclamo y lo proclamaré.

Y hago exactamente lo mismo respecto a la brutalidad policial. En la última semana hemos visto un congo de actuaciones de los uniformados autóctonos o importados que deberían sustanciarse con la retirada de la placa y un buen puro. Es una indecencia que Sánchez, Marlaska y demás sermoneadores monclovitas en funciones no hayan reprobado la fiereza gratuita de quienes reciben su paga para garantizar la seguridad del personal y no para dar rienda suelta a su agresividad incontenible.

¿Ven qué fácil? Pues lo siguiente debería ser denunciar sin lugar al matiz a la panda de matones que siembran el caos y la destrucción. Curiosa empanada, la de los eternos justificadores —siempre desde una distancia prudencial— que pontifican levantando el mentón que ningún logro social se ha conseguido sin provocar unos cuantos estragos para, acto seguido, atribuir los disturbios a no sé qué infiltrados a sueldo del estado opresor. La conclusión vendría a ser que debemos el progreso a esos infiltrados. Todo, por no denunciar lo que clama al cielo, amén de beneficiar a los de enfrente.

La violencia no ayuda

Creo recordar de un cursillo de marxismo acelerado que hice en el pleistoceno que la vaina iba de poner al enemigo frente a sus contradicciones. Parece que el soberanismo institucional de Catalunya lo ha captado al revés. O, bueno, con el sindiós ideológico que atravesamos, tampoco descarto que los marxistas de ocasión sean los de la España una y grande, que han conseguido que el Govern frene y acelere al mismo tiempo. Es decir, que mande a los mossos a reprimir las mismas protestas que alienta.

Sí, las mismas. Dejen de removerse en sus mullidos sillones los procesistas de salón locales, que al propio Torra se le ha escapado un par de veces y ayer mismo el atribulado conseller Buch reconoció en su mil veces aplazada comparecencia que sopas y sorber no puede ser. Claro que ni uno ni otro lo han expresado hasta ahora mejor que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, cuando dijo que los golpes eran por el bien de la causa, pues así se le birlaba al Estado la excusa de la inacción para traer a sus propios apaleadores.

Bien mirado, Budó tiene algo de razón. Ciertas imágenes hacen pensar que los piolines del terruño manejan los rudimentos de la porra tan bien o mejor que los importados. Otra cosa es que al presidente español en funciones eso le vaya a importar una higa. Ya ha quedado claro que va a sacar petróleo de la inocultable y desmedida violencia que se ha visto. La usará como argumento electoral y, además, como prueba de cargo ante la comunidad internacional. Ojo, que ahí quedará en entredicho el bien más preciado del independentismo: su carácter netamente pacífico. Por eso urge un desmarque sin matices.

Esperando al Supremo

La sentencia, el viernes o el lunes, nos decían. Salvo que estén equivocados todos los calendarios o nos encontremos ya viviendo en universos paralelos, queda claro que va a ser mañana. Por lo menos, la impresa en los folios oficiales, porque también es verdad que ayer y anteayer tuvieron la gentileza de hacernos un adelanto en papel prensa y en los cibermedios amigos. Uno, que pertenece al gremio plumífero, lo celebraría como gran logro del periodismo de investigación, si no supiera que la presunta primicia había sido convenientemente deslizada por los autores del fallo a sus postes repetidores de confianza para que el personal fuera preparando el alma y el cuerpo. Y aquí quizá merezca la pena detenerse un segundo a reflexionar por qué nos parece normal algo tan extremedamente grave como la filtración del fallo del que, junto con el del 23-F, es el proceso judicial de más calado que se haya llevado a cabo en España durante el último medio siglo.

Esa brutal anomalía aparte, podemos convenir que lo avanzado por El País el viernes y El Mundo ayer cuadra bastante con los últimos usos y costumbres de la Justicia española. No es muy diferente de lo que acabamos de ver con el caso Altsasu. Primero se generan las expectativas de condenas durísimas para reducirlas levemente en el dictamen final, de modo que parecería que hay que alabar la generosidad de sus señorías y hacerle la ola al Estado de Derecho. Creo que es lo que nos disponemos a ver también este caso. Habrá apariencia de rebaja, probablemente notable en el caso de algunos de los juzgados. Otra cosa es que cuele. Por pequeñas que sean las condenas, seguirán siendo injustas. Ninguno de los procesados debió pasar un solo día en la cárcel.

Desamparo infinito

Recurso a Estrasburgo y una manifestación el 26 de octubre. Es todo lo que se puede hacer ante un atropello que ha ido creciendo en cada vuelta de tuerca. Lo primero, la apelación, aun con resolución favorable, llegará cuando los jóvenes de Altsasu encarcelados hayan consumido todos o casi todos los años de su desproporcionada condena. Lo segundo, llenar las calles con la rabia por montera, por muy meritorio y loable que sea, no va más allá del derecho al pataleo, el único que queda medio en pie.

Son pésimos tiempos para creer en las instituciones en general y en la Justicia en particular. Por más acopio de ingenuidad y de esperanza que hagamos, la mayoría de las decisiones de las altas instancias judiciales acaban alimentando una sensación de desamparo infinito. De las más recientes con relieve mediático, quizá quepa como excepción la vía libre a la exhumación de Franco. El resto han sido el calco de los peores presagios, hasta con una especie de cínico y cruel recochineo, como ha sido el caso de la que comentamos, que muchos medios han vendido haciendo ver que las rebajas de condena eran un chollo para los que las cumplirán y, al tiempo, la muestra de la bondad de la legalidad vigente y de sus administradores. De propina, sin posibilidad de crítica, siguiendo esa doctrina amordazante que van impartiendo significados representantes de los tres poderes clásicos. Repasen los titulares de estos días atrás y verán desde cuántos flancos se nos ha advertido con gesto adusto de que las sentencias no solo se acatan sino que se respetan y punto. La próxima, dicen que hoy mismo o el lunes, la del Prócés. Prepárense.

Justicia, ¿para quién?

Sanfermines 2014, concretamente, 8.37 de la mañana del 13 de julio en la calle Estafeta. Un baboso se abalanza sobre una joven que le ha dejado bien claro que no quiere nada con él. La sobetea por todo el cuerpo e intenta besarla, mientras ella tiembla, llora, le suplica que la deje en paz y grita el nombre de su novio. Cuando llega este, que venía de correr el encierro, le larga al agresor sexual un puñetazo en la cara que le hace caer al suelo, chocando con la cabeza en el adoquinado. A consecuencia del golpe, el tipo es operado, pasa 28 días hospitalizado y más de 200 de baja.

Dos años más tarde, y cuando aún duran los ecos de otras fiestas de Iruña empañadas por numerosos ataques a mujeres, llega la llamada Justicia a dictar sentencia y, en el mismo viaje, a mostrarnos el mecanismo del sonajero. Para el agresor sexual, al que deja en simple abusador, y le aplica la atenuante de embriaguez, una condena de un año —que seguramente no llegará a cumplir— y una ridícula indemnización a la víctima de 3.000 euros. Pero eso es solo la avanzadilla de la ola de estupor, rabia y asco que provoca la otra parte de la decisión judicial. Al novio de la joven le caen nueve meses de prisión, y se le obliga a indemnizar con 91.500 euros al que estaba forzando a la mujer y con otros 60.430 a la Sanidad navarra por los gastos de atención al tipejo. Como fulero argumento, los de la toga sostienen que había otras alternativas al puñetazo. Ténganlo en cuenta por si se ven en la tesitura de la joven o de su novio. La Audiencia Provincial de Navarra les viene a decir que impedir la agresión les puede salir muy caro.