En la torrentera que siguió a la evacuación del magistrado del TSJPV que despreciaba a los epidemiólogos, leí no sé dónde que el Gobierno vasco busca resquicios legales para zurcir el roto causado en la normativa para luchar contra la pandemia. No me digan que no es para llorar cien ríos que las autoridades democráticamente elegidas por la ciudadanía tengan que andar haciendo espeleología jurídica para encontrar el modo de proteger la salud de sus gobernados. Todo, para evitar que un desahogado con toga se fume un puro con las medidas que tratan de salvar vidas y aligerar la carga de los hospitales.
Es el triste pero desgraciadamente real retrato de una presunta separación de poderes donde la última la palabra la tienen, manda carallo, los que no se han sometido al examen de las urnas. O, dicho en plata, los que no se representan más que a su mismidad. El drama viene, como es el caso del que pasará a la pequeña historia local como “el juez que reabrió los bares de Euskadi”, cuando sus decisiones emanan sin disimulo alguno de sus filias y de sus fobias, expresadas con lenguaje y formas de cuñado acodado —dónde iba a ser— en la barra de una tasca. No sé si somos capaces de ver el problemón que tenemos al quedar en manos de alguien que tiene como tarjeta de visita el himno de los negacionistas.