Mis recientes cabezazos en el muro del jurismo inmaculado me tienen sumido en una inmensa melancolía. Les confieso que ya no sé qué subespecie de la fauna togada y aledaña me provoca un acongoje más intenso. Hasta este último episodio, creía estar convencido de que el mal de la Justicia española reside en los que despachan autos, dictámenes y sentencias de acuerdo con su obediencia política o de su ideología; nótese que aunque suelen coincidir, no siempre son lo mismo. Me resultaba —y sigue resultándome— inconcebible que tengamos como algo absolutamente normal que las decisiones sean predecibles en función de la etiqueta, conservador o progresista, del juez o jueces en cuestión. Y conste que me parece igual de reprobable el modus operandi cuando el retorcimiento de las leyes conduce a un fallo que simpatiza con mis causas o ideas.
Pero, como les digo, frente a esos y esas profesionales de las leyes a veces demasiado humanos, de unos días a esta parte se me han aparecido los otros, los que juzgan desde una frialdad aséptica, levitando a un metro del suelo. Se comprende que, como cuentan algunos médicos que hacen, intenten no dejarse llevar por las emociones, precisamente para hacer mejor su trabajo. Pero sorprende y alarma que en esa toma de distancia acaben olvidando que sus decisiones afectan a seres humanos. Ojo, no solo a los implicados en una causa; también a la sociedad que va a conocer esas resoluciones. Por supuesto que no se trata de votar asambleariamente las condenas o las absoluciones. Es algo, diría, prejurídico. Tan simple como buscar impartir lo que mayoritariamente entendemos como justicia.