Autor: Javier Vizcaíno

Telecinco solo hace negocio

Qué cosas tiene el azar cuando lo fuerzan. Resulta que la actual esposa del expicoleto maltratador Antonio David Flores ha ganado ese concurso megaintelectual de Telecinco en que una panda de famosos necesitados de cash se dejan grabar en taparrabos y bikini haciendo el minga en un paraje exótico. Ni de broma sigo un bodrio así, pero he leído que la favorita era otra. ¿Qué ocurrió? Exigencias del guion, que marcaba que la mengana victoriosa sería recibida en el plató por los hijos de su odiada antagonista Rocío Carrasco. Hubo abrazos moqueantes, hipidos y palabras como dardos para la ausente madre no querida.

Y ahí fue cuando la mojigatería cínica explotó. “¡Eso es violencia vicaria!”, atronaron las redes sociales progresís usando el término recién puesto de moda por los prescriptores chachis para nombrar lo que ha existido, por desgracia, toda la puñetera vida. Los rasgados de vestiduras eran por la utilización de los hijos —y especialmente de uno de ellos, con “capacidades especiales”— para hacer daño a la madre biológica. Todo sería de lo más loable, si no fuera porque los sapos y culebras iban dirigidos a la misma cadena que convirtió la denuncia de maltrato de Rocío Carrasco en espectáculo desvergonzado para ganar audiencia. Con dos millones de euros de paga previa a la denunciante y un contrato de 3.000 pavos por cada media hora en ese despojo catódico llamado Sálvame. Así que, hipocresías, las justas. Lo que hace el canal de Mediaset es puro y duro negocio, igual con el serial por entregas del infierno de Carrasco que con el numerito de sus hijos besoteando a la actual pareja del tipo que la maltrató.

Por intentarlo, que no quede

Ojalá sirvan para algo, pero siento escribir que las nuevas medidas planteadas tanto en la demarcación autonómica como en la foral son un ejercicio de voluntarismo. Loable, desde luego. Necesario, por descontado; nadie entendería que las autoridades se quedasen mirando con la boca abierta la multiplicación diaria de contagios y su reflejo en la sanidad pública. Pero en el punto en el que estamos, marcando récords sucesivos no ya de la quinta ola sino de toda la pandemia, no parece que esta o aquella reducción de horario o aforo pueda ser un gran freno. ¿Lo de la obligatoriedad de las mascarillas en entornos urbanos transitados? Menos da una piedra, si es que no viene el juez jatorra con la guadaña. Quizá la petición de toques de queda (en segundas nupcias en Nafarroa y de estreno, si acaba produciéndose, en la CAV) sea lo que, si se concede, resultaría más efectivo. Aun así, vamos tarde y contra la corriente general. Para empezar, el gobierno español decretó hace meses el fin de la pesadilla vírica y, como se está comprobando, no va a mover un dedo. Que se coman el marrón las comunidades, incluso las gobernadas o cogobernadas por el PSOE. Y si les muestran a Sánchez o a Darias las brutales cifras, les dirán, como en las cuatro olas anteriores, que ya estamos llegando al pico y que pronto comenzará el descenso. Por desgracia, esa pachorra la comparten muchos de nuestros conciudadanos, que siguen viviendo como si estuviéramos a dos minutos de la vieja normalidad. No sé ustedes, pero yo conozco a muy pocas personas que hayan cambiado sus planes o que hayan dejado de incurrir en conductas de riesgo. Así nos va

Sánchez ni está ni se le espera

No dejará de sorprenderme la paciencia franciscana y la contención budista de Iñigo Urkullu. Y, claro, su insistencialismo a prueba de bomba, o sea, a prueba de la cachaza desparpajuda de un tipo como Pedro Sánchez al que se la bufa todo. Después de año y medio de ser objeto —junto al resto de autoridades locales— de ninguneos y hasta saboteos sin cuento, el lehendakari le ha remitido al inquilino de Moncloa la carta número ene para contarle, por si no lee los periódicos, que los contagios han vuelto a desbocarse y que la situación empeora por momentos. Por ello, la primera autoridad de la CAV urge al presidente español a desatarle las manos para que pueda luchar contra la pandemia. Ya que no está dispuesto a ayudar, por lo menos, que no entorpezca la tarea de quienes sí pretenden hacer frente al virus. Eso, por desgracia, en un estado que sigue rezumando jacobinismo para lo esencial, pasa por estudiar un nuevo estado de alarma para que los jueces jatorras dejen de tumbar cada iniciativa para tratar de frenar los contagios, los ingresos, las muertes y la ruina. Como poco, Urkullu le pedía a Sánchez que reconsiderase el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. La respuesta ha sido que verdes las han segado o, si prefieren una expresión con más intención, que por ahí se va a Madrid. Con una suficiencia que roza la chulería y da de lleno en la mentira zafia, primero la portavoz del Gobierno y luego la ministra de Sanidad (dejo al margen al delegado enredador) negaron la necesidad de esas medidas porque la cosa tampoco está tan mal y porque las comunidades ya tienen herramientas suficientes. Y no se les cayó la cara de vergüenza.

Sigue el timo eléctrico

Hoy llega al pleno del Congreso la convalidación del Decreto-placebo que rebaja el IVA del recibo de la electricidad. Obviamente, menos da una piedra, y sería del género bobo votar en contra, pero habremos hecho un pan como unas hostias si todo se queda en este parche chapucero para la galería. Como estamos comprobando entre la incredulidad y el horror, cada día se bate un nuevo récord del precio, partiendo siempre de cantidades estratosféricas que resultan, amén de una burla, un abuso intolerable. Y lo peor es que, según nos alertan los que entienden algo de esta suerte de nigromancia, la escalada vertical va a seguir durante meses, como se refleja en los mercados de futuros. El gas natural, señalado (confieso que no sé con qué base) como culpable de los sablazos que nos atizan, no dejará de subir.

¿Y qué hay que hacer? Evidentemente, no se lo va a decir este humilde e ignorante juntaletras. Lo que sí tengo es memoria para recordar cómo en tiempos de Mariano Rajoy, los dos partidos que componen el Gobierno español de coalición se quejaban amargamente de que nadie pusiera coto a las eléctricas y parecían tener clarísima la receta para hacerlo. Ahora, sin embargo, se limitan a encogerse de hombros, pontificar que es una cuestión muy delicada, y, como mucho, dictar rebajas como esta que al final no la pagarán las compañías sino que son recursos que dejan de ingresar las arcas públicas. Mientras, al otro lado de la línea ideológica, Casado, Maroto, Teodoro, Ana Beltrán y toda la troupe pepera susceptible de ocupar silla en un consejo de administración de una firma del sector energético se lo pasan en grande.

La Justicia es una tom-tom-tómbola

El Gobierno de Nafarroa ha acudido al Superior de Justicia para pedirle (por favor, por favor, por favor) que le permita instaurar el toque de queda en el 80 por ciento de los municipios del territorio. En la demarcación autonómica, salvo sorpresa mayúscula, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ni se plantea solicitar la venia de sus señorías. Atendiendo a la bibliografía presentada hasta la fecha, sería uno de esos esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía, o sea, al encabritamiento. Todo indica que el juez que tenía en su perfil de Twitter el himno del negacionismo, el que hacía cuchufletas sobre los epidemiólogos, se fumaría un puro con la solicitud. Dirán que es el Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón, pero manda muchas narices que las autoridades votadas por la ciudadanía se vean en la humillación de presentarse ante la Justicia como quien va a una tómbola. No nos cansamos de ver cómo en cada caseta de feria judicial del Estado español los mismos hechos y las mismas situaciones implican resoluciones no ya diferentes sino radicalmente contrapuestas. Podría ser solo una cuestión latosa o una curiosidad, si no fuera porque llueve insistentemente sobre mojado y especialmente, porque esto ocurre en el fragor de la quinta ola, con los contagios multiplicándose exponencialmente y ya la presión hospitalaria notando la acometida. En esta tesitura, provoca una impotencia infinita asistir a la desnudez legal de las administraciones públicas, que sufren el bochorno de tener que rogar a los ciudadanos que no hagan aquello que los de las togas no les dejan prohibirles. No parece que sea la forma más eficaz de enfrentarse a una pandemia.

Usurpación e infamia

Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.

¿Es Cuba una dictadura?

A Pablo Casado se le inflama la carótida y se le empina el mentón cuando exige que el gobierno de Pedro Sánchez diga contundentemente que Cuba es una dictadura. Los años que tuvo el palentino, entre máster de pega y máster de pega, para reclamar lo mismo a José María Aznar y a Mariano Rajoy. Salvo que ande yo muy errado, ni uno ni otro lo hicieron cuando residían en La Moncloa. Luego fuera, ya tal, que diría el de Pontevedra. Ahí sí que hemos visto venirse arriba en la soflama anticastrista a Aznar, que cuando era presidente y fue a rendir pleitesía a Fidel, solo llegó a hacer una gracieta sobre lo raro que sería que él se hubiera vuelto comunista. ¿Por qué nadie en el ejercicio de sus funciones gubernamentales va a llamar dictadura a Cuba? Por lo mismo que no lo hace respecto a Arabia Saudí, Catar, Irán o China: porque hay un pastizal en juego. Que levante la mano la administración del color que sea que no ha hecho tratos con regímenes que van de lo infecto a lo muy infecto, no sea que vayamos a perder tal o cual negocio pingüe. Llámenlo hipocresía, cinismo o Realpolitik. ¿No dice el Evangelio que es mejor que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha? Pues eso. Otra cosa muy distinta es que nos chupemos el dedo y no seamos capaces de distinguir qué estados del planeta no alcanzan los mínimos estándares democráticos. Si hasta Brasil, Hungría o Marruecos, que ponen urnas y permiten dos o tres medios de comunicación, son sospechosos de ser tiranías disfrazadas, ¿qué decir de los países que he mencionado arriba, donde ni siquiera hay mecanismos para que el poder cambie de manos? Que son dictaduras.