No dejará de sorprenderme la paciencia franciscana y la contención budista de Iñigo Urkullu. Y, claro, su insistencialismo a prueba de bomba, o sea, a prueba de la cachaza desparpajuda de un tipo como Pedro Sánchez al que se la bufa todo. Después de año y medio de ser objeto —junto al resto de autoridades locales— de ninguneos y hasta saboteos sin cuento, el lehendakari le ha remitido al inquilino de Moncloa la carta número ene para contarle, por si no lee los periódicos, que los contagios han vuelto a desbocarse y que la situación empeora por momentos. Por ello, la primera autoridad de la CAV urge al presidente español a desatarle las manos para que pueda luchar contra la pandemia. Ya que no está dispuesto a ayudar, por lo menos, que no entorpezca la tarea de quienes sí pretenden hacer frente al virus. Eso, por desgracia, en un estado que sigue rezumando jacobinismo para lo esencial, pasa por estudiar un nuevo estado de alarma para que los jueces jatorras dejen de tumbar cada iniciativa para tratar de frenar los contagios, los ingresos, las muertes y la ruina. Como poco, Urkullu le pedía a Sánchez que reconsiderase el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. La respuesta ha sido que verdes las han segado o, si prefieren una expresión con más intención, que por ahí se va a Madrid. Con una suficiencia que roza la chulería y da de lleno en la mentira zafia, primero la portavoz del Gobierno y luego la ministra de Sanidad (dejo al margen al delegado enredador) negaron la necesidad de esas medidas porque la cosa tampoco está tan mal y porque las comunidades ya tienen herramientas suficientes. Y no se les cayó la cara de vergüenza.
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La Justicia es una tom-tom-tómbola
El Gobierno de Nafarroa ha acudido al Superior de Justicia para pedirle (por favor, por favor, por favor) que le permita instaurar el toque de queda en el 80 por ciento de los municipios del territorio. En la demarcación autonómica, salvo sorpresa mayúscula, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ni se plantea solicitar la venia de sus señorías. Atendiendo a la bibliografía presentada hasta la fecha, sería uno de esos esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía, o sea, al encabritamiento. Todo indica que el juez que tenía en su perfil de Twitter el himno del negacionismo, el que hacía cuchufletas sobre los epidemiólogos, se fumaría un puro con la solicitud. Dirán que es el Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón, pero manda muchas narices que las autoridades votadas por la ciudadanía se vean en la humillación de presentarse ante la Justicia como quien va a una tómbola. No nos cansamos de ver cómo en cada caseta de feria judicial del Estado español los mismos hechos y las mismas situaciones implican resoluciones no ya diferentes sino radicalmente contrapuestas. Podría ser solo una cuestión latosa o una curiosidad, si no fuera porque llueve insistentemente sobre mojado y especialmente, porque esto ocurre en el fragor de la quinta ola, con los contagios multiplicándose exponencialmente y ya la presión hospitalaria notando la acometida. En esta tesitura, provoca una impotencia infinita asistir a la desnudez legal de las administraciones públicas, que sufren el bochorno de tener que rogar a los ciudadanos que no hagan aquello que los de las togas no les dejan prohibirles. No parece que sea la forma más eficaz de enfrentarse a una pandemia.
Usurpación e infamia
Nos hacemos trampas con la c y con la k. ¿Ocupación? ¿Okupación? Si nos referimos, por poner el enésimo ejemplo, a lo que ha ocurrido en el municipio vizcaíno de Trapagaran, hablamos de usurpación o puro latrocinio. Desmiéntanme las almas puras. Un señor habita una casa desde 1956. Seis decenios y medio después, cuando es octogenario, sufre graves problemas de salud que le hacen ser atendido por su hija. Pasa el tiempo y la morada se deteriora, pero sigue siendo suya. Mientras otros familiares la ponen a punto para la vuelta del legítimo inquilino, unos tipos que tienen acreditadas mil y un grescas —“conflictivos”, es la forma fina de llamarlos— se cuelan y se autoproclaman propietarios. Como prueba muestran unos papeles que no llegan ni a burda falsificación de un contrato. La policía, de acuerdo con la legislación vigente, hay que joderse, acepta pulpo como animal de compañía y hace mutis por el foro. Desprotegidos, desamparados, abandonados, embargados por una impotencia infinita, los familiares del anciano acuden al último recurso: la solidaridad vecinal. Centenares de personas responden a la llamada en una movilización donde se calientan los ánimos. Por fortuna, la sangre no llega al río, pero no hay nada que hacer. Los asaltantes, que ya han quemado documentos y enseres para demostrar quién tiene las de ganar, se quedan. La respuesta de los representantes de la ciudadanía es para la antología de la infamia. Por unanimidad, las fuerzas políticas del ayuntamiento aprueban una declaración en la que se remiten “a la decisión judicial que se adopte, al tratarse de una situación jurídico-civil privada a resolver entre la propiedad y los ocupantes”. Tal cual.
Torturas: no mirar hacia otro lado
Entre la pandemia y la pereza creciente que nos da mirar hacia atrás se nos está yendo por una esquinita de la actualidad el juicio por el sumario 13/13 que se está celebrando en la siniestra Audiencia Nacional. Se sientan en el banquillo ocho personas acusadas de formar el llamado frente jurídico de ETA. Dos de ellas, Naia Zuriarrain y Saioa Agirre, ofrecieron el martes un relato escalofriante de las torturas que sufrieron en el momento de sus respectivas detenciones. La primera contó que, después de advertirle de que lo pasaría mal si contaba algo, le echaron agua fría por la cabeza y pusieron una bolsa de plástico para dificultarle la respiración. A Agirre le amenazaron con que tras su paso por las dependencias policiales no podría ser madre y la sometieron a diferentes vejaciones sexuales. Todo esto fue denunciado en su momento ante el juez instructor del sumario, Fernando Grande-Marlaska. Fiel a su costumbre, el todavía hoy ministro de Interior miró hacia otro lado.
Desde estas líneas dejo constancia de que doy total credibilidad a los dos testimonios. Por supuesto, condeno sin paliativos los hechos denunciados, muestro mi solidaridad con las dos mujeres que sufrieron semejante trato inhumano, insto a pronunciarse a quienes siempre llevan en la boca la defensa de los derechos más básicos y añado que, hayan pasado los años que hayan pasado, se hace imprescindible una investigación que esclarezca lo sucedido y si se demuestra la veracidad, se imponga a los torturadores la pena que corresponda. Es exactamente lo que hago ante cada vulneración de los Derechos Humanos, independientemente de quien la perpetre. No es tan difícil.
El estado de alarma no existió
Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.
Irresponsables con y sin cubata
Si no estuviéramos en medio de una inmensa tragedia con alrededor de cien mil muertos en el estado, resultaría hasta cómico. El ministro de Justicia español, un tipo cuyo nombre desconocen nueve de cada diez de sus administrados, sale de las catacumbas para decir por la mañana pata y al mediodía patata. Qué personaje, el tal Juan Carlos Campo, que nos madrugó en El País con una redacción escolar en la que daba por muerta la pandemia y terminaba con un párrafo pegoteado tras las imágenes de la nochevieja del fin del estado de alarma deslizando que quizá se pueda cambiar el cagarro de decreto evacuado por su gobierno el otro día. Total, para desmentirse a sí mismo un rato después en el programa de Ferreras.
La última versión del mengano cuando tecleo estas líneas es que no hay nada que cambiar, que la legislación ordinaria no permite el toque de queda y que las comunidades tienen “un arsenal de herramientas jurídicas” para hacer frente al virus. Ni media hora antes, su compañero de gabinete Miquel Iceta había asegurado a metro y medio del vicelehendakari Josu Erkoreka que si cualquier comunidad necesitaba un estado de alarma, se estudiaría y con toda probabilidad se concedería. Como se ve, la irresponsabilidad de los juerguistas del domingo es directamente proporcional a la del gobierno español.
Una justicia, dos varas
Al final, el Estado de Derecho —hagamos derroche innecesario de mayúsculas— era esto. Ante los mismos hechos, varios tribunales superiorísimos toman decisiones no ya diferentes sino diametralmente opuestas. Es como si dos equipos médicos de élite diagnosticaran un catarro o un cáncer a la vista de síntomas idénticos y recetaran en consecuencia: unas juanolas o quimioteraìa agresiva. Sería algo de todo punto inadmisible que conllevaría un severo castigo a los galenos que hubieran metido la pata.
En el caso de los dictámenes de sus ilustrísimas e intocables señorías, sin embargo, te tienes que comer la matraca de rigor: eso es lo bonito del hecho jurídico, que no hay una única interpretación. Lo pistonudo es que te lo dicen como si no fuera un escándalo de proporciones cósmicas que según qué tipos y/o tipas con birrete te hayan caído del cielo, tienes barra libre para hacer lo que te salga de entre las ingles —caso de la CAV— o debes acogerte a ciertas normas lógicas cuando todavía la pandemia no se ha ido, incluso aunque exhibas cifras sanitarias muy razonables como en Valencia o Baleares. El remate es tener la absoluta certeza (porque el individuo que la ha dictado ni siquiera disimula) de que la resolución no se ha tomado atendiendo a la legalidad vigente sino a pulsiones puramente personales.