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Comprar bebés es inmoral… e ilegal

Esta vez no tengo nada que oponer al Tribunal Supremo. Lo triste es que haya tenido que dictaminar que hoy es miércoles y revestirlo de fundamentos jurídicos. O sea, que se haya visto obligado a bucear entre leyes para poder sostener en una sentencia lo que sabe cualquiera que tenga medio gramo de sentido común y otro medio de humanidad: que la compraventa de bebés a medida es una práctica nauseabunda. O, de acuerdo con las palabras literales de la sentencia, que la eufemísticamente llamada gestación subrogada o (todavía peor) maternidad de sustitución, vulnera los derechos fundamentales de la mujer gestante y los del bebé gestado, que pasa a ser una puñetera mercancía para satisfacción de frustraciones de señoritingos de cartera abultada, principios evanescentes y, no pocas veces, militancia de lo molón.

En su demoledor fallo, el alto tribunal niega la condición de progenitores a los compradores de carne humana al peso y señala como víctimas del mercadeo a la auténtica madre y al fruto de su vientre: “Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”, se afirma en el fallo. Es tan obvio, tan básico, tan de cajón, que abochorna e indigna al mismo tiempo certificar que un presunto vacío legal entreverado de permisividad ante las élites pudientes y (no pocas veces) megaprogres haya permitido el mercadeo de bebés gestados, criados y alumbrados en cautividad con derecho a devolución en caso de que el producto no resultara lo suficientemente satisfactorio.

El estado de alarma no existió

Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.

Sánchez vuelve a desentenderse

Ya sabemos qué habrá después del estado de alarma. Nada entre dos platos. O, menos finamente, una boñiga pinchada en un palo. El decreto de transición anunciado por la vicepresidenta Carmen Calvo con su ineptitud expresiva habitual no llega ni a mal parche. Bien es cierto que, una vez jurado en hebreo todo lo jurable por la enésima deslealtad del inquilino de Moncloa con quienes lo mantienen donde está, la jugarreta es perfectamente coherente con lo que llevamos visto y padecido desde el principio de la pandemia. A Sánchez y a sus susurradores se la bufan un kilo las muertes de decenas de miles de personas y la ruina económica. Especialmente, si pueden pasarles el marrón a los gobiernos locales, que es lo que vuelve a suceder con este esputo legaloide que se han sacado de la entrepierna.

A partir del domingo se van por el desagüe todas las medidas que nos habían jurado que eran imprescindibles para luchar contra el virus. Si las comunidades pretenden mantenerlas deberán pasar por la doble humillación de recibir el aval del Superior de Justicia correspondiente y de suplicar clemencia al Supremo es-pa-ñol en el muy probable caso de que un juez jatorra se ponga estupendo; precedentes tenemos. Los cuantopeormejoristas del terruño, que ya juran que estamos peor que en India, se van a dar un festín.

Ruido de togas

Leo a un jurista poco sospechoso de derrotar por la diestra que la decisión del Tribunal Supremo ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegi y los otros cuatro de Bateragune no debe ser considerada motivo de escándalo. Sostiene el experto —de nombre, Miquel Pasquau— que tal repetición se deriva directamente de la nulidad del juicio a instancias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Si no entiendo mal la explicación, no cabría una condena mayor a la del proceso anterior ni, desde luego, la vuelta a prisión. En el peor de los casos, se dilucidará si los otra vez acusados tienen derecho a ser indemnizados por el tiempo que pasaron en la cárcel y si procede o no la inhabilitación.

Quizá sea exactamente así y lo aceptaría si estuviéramos hablando de una Justicia —y, sobre todo, de unos encargados de administrarla— fuera de dudas. Es evidente que no estamos ni de lejos ante tal supuesto, como prueba la larga bibliografía presentada por el muñidor de la decisión, el magistrado Manuel Marchena. Tampoco es baladí, que gusta decir a los columneros finos, el hecho de que todo esto sea fruto de la petición de una asociación de víctimas vinculada sin tapujos con Vox. Nos preocupamos con razón por el ruido de sables, pero quizá deberíamos estar más acongojados por el ruido de togas.

Auténticos autónomos

Celebro que el Tribunal Supremo haya establecido en una sentencia de las que crean jurisprudencia que los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena a todos los efectos. Otra cosa es que mi escepticismo incurable me lleve a temer que la compañía encontrará el modo de salirse con la suya; un contrato laboral puede ser perfectamente precario, como bien sabemos. Por lo demás, hay un par de reflexiones que quizá cabría plantearse sobre el fondo de este caso. La primera es muy obvia y apela a la hipocresía de quienes se echan las manos a la cabeza por las condiciones a las que se somete a los currelas de esta u otras empresas del pelo pasando por alto su complicidad al hacer uso de sus servicios.

La otra cuestión es quizá más sutil, pero nos retrata muy bien como sociedad que da por descontado que ciertos colectivos tienen menos derechos que otros. Lo que nos escandaliza de los falsos autónomos es la realidad diaria de los auténticos autónomos. Incluso con las cuatro birriosas mejoras que se han introducido recientemente, la mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia carecen de los derechos que consideramos básicos cuando la relación es con una empresa o un empleador. Sorprendentemente —o no—, a los campeones mundiales de las denuncias de las desigualdades se les escapa esta.

De injusticia en injusticia

No es la mejor temporada para creer en la Justicia española. En realidad, da igual cuándo lean la frase anterior. Hasta donde este juntaletras tiene memoria, los de las togas y las puñetas nos han regado con un sinfín de arbitrariedades a cada cual más obscena. Si no era la chufla del 23-F, era la filfa de los GAL, el caso Egunkaria, el atropello a Atutxa, Bateragune o, en lo más reciente, Altsasu o el Procés.

Y andamos en el suma y sigue hasta el infinito y más allá. Hagamos recuento de los desafueros en menos de una semana. Como menú degustación, el baranda del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, se ciscaba en la obligada neutralidad marcándose una exaltación borbónica donde no tocaba. Poco tardamos en enterarnos de que era el preaviso para lo que venía: la inhabilitación de la primera autoridad de Catalunya con la estúpida excusa de que se había negado a retirar una pancarta a favor de unos políticos encarcelados en medio de una campaña electoral.

El mismo día, otra sala de idéntico Tribunal rebajaba la pena de un maestro pederasta del Opus Dei de 11 a dos años de cárcel con argumentos de pata de banco. Sin tiempo para digerir lo anterior, la Audiencia Nacional absolvía ayer a Rodrigo Rato y sus 33 secuaces en la salida a bolsa de Bankia. Lo tremendo es que ni siquiera nos sorprende.

Torra, ahora mártir

Aires de fiesta, parapapá, en el ultramonte hispanistaní. Se celebra con estrépito la inhabilitación de una de las principales bestias negras de los recios cavernarios. Por obra y gracia del Tribunal Supremo español, el president (bien es verdad que accidental) de la Generalitat, Quim Torra, ha sido desposeído de su cetro y enviado a la cuneta institucional. Menuda sorpresa, ¿verdad? Los jueces y parte cumplen su propia autoprofecía. Hasta el que reparte las cocacolas sabía cómo acabaría esta película desde el mismo instante en que el entusiasta testaferro de Puigdemont Primero de Waterloo se negó a retirar los famosos lazos amarillos en pleno fregado electoral.

Fíjense que hubiera sido fácil evitar el desenlace impepinable. Habría bastado una migaja de pragmatismo o de mera inteligencia política. No hay que ponérselo fácil al enemigo. Menos, cuando, como es el caso, quien está enfrente carece del menor principio ético. Al succionador regio Lesmes y a sus mariachis hace mucho que dejaron de importarles las apariencias. Si había que condenar a la muerte civil a Torra por una chorrada, lo harían y, de propina, revestirían el acto de épica, como si fueran el último dique de contención contra el secesionismo, incluso al precio de convertir en mártir a un personaje menor. Bien mirado, unos y otros ganan.