Mi sueño más húmedo últimamente consiste en entrar a un bar y encontrarme a dos o tres paisanos discutiendo con fruición sobre el proyecto de nuevo estatuto vasco. O estatus, que, la verdad, no tengo ni idea de cómo he de llamarlo. Me valdría como fantasía, por supuesto, que la conversación animada tuviera lugar en la cola de la caja del súper, en la parada del autobús o a la salida del colegio de los churumbeles. Pero, nada, no hay manera. Cuando pongo la antena en uno de esos sitios, la cháchara va, en el mejor casos, del chaletón de la pareja mandarina de Podemos. Y si soy yo el que saco el tema, no se imaginan las miradas de estupor. Conclusión: la peña (por lo menos, la de los ecosistemas que servidor frecuenta, pasa un kilo y medio de la elaboración del compendio de principios y normas que regirá sus vidas para bien, para mal o para regular.
Palabra que no lo anoto para que agarren una llantina las y los entusiastas representantes de la ciudadanía que llevan estas últimas semanas en una especie de Bizancio, aplicando lupa de cien aumentos a cada palabra o, sin más, tirando de bocachanclada —¿eh, Sémper?— solo con el preámbulo. Simplemente, lo dejo caer porque podrían aprovechar que casi nadie mira para desterrar las zarandajas partidistas y dejar a las próximas generaciones un texto solvente que, con todo lo incompleto que seguramente será, facilite la convivencia de una sociedad que, por lo demás, tiene probada una enorme sensatez. A estas alturas, solo a una minoría le va a escandalizar la inclusión de determinadas palabras o conceptos. Nación o derecho a decidir, por poner dos ejemplos.