Tiene su miga el caso de la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. Una persona condenada a 30 años de cárcel como cómplice de un asesinato encabeza una lista electoral y la obligación es asumirlo como algo absolutamente normal so pena de pasar por facha del copón y pico. Como lo leen. Resulta que es un escándalo intolerable estar en posesión de uno o varios títulos universitarios de la señorita Pepis —conste que yo estoy de acuerdo—, pero haberse llevado por delante la vida de un prójimo es una cuestión menor que solo puede poner en solfa un tiquismiquis, un tocapelotas o, ya les digo, un reaccionario.
Y sí, ya sé lo que viene ahora: la justificación del crimen bajo el argumento de que el tipo enviado a criar malvas había violado a Baeza. Aparte de que en las pormenorizadas investigaciones que se hicieron en la época no se llegó a encontrar el menor indicio y que todo apuntó a una estrategia de la defensa, incluso dando por cierto el testimonio de la condenada, nos encontramos ante una incómoda pregunta. ¿Acaso estamos dando por bueno un asesinato por venganza? Piense cada cual la respuesta y compárela con los discursos habituales sobre la proporcionalidad de las penas o el derecho a un juicio justo que tiene hasta el peor de los depredadores.
Hay algo que no cuadra… o que cuadra perfectamente con la acostumbrada querencia por la doble vara de medir que manifiestan los otras veces campeones mundiales de la rectitud y la moralidad. No resulta nada difícil imaginar lo que hubiera sucedido si la protagonista de los hechos perteneciera a otras siglas políticas. Creo que deberíamos reflexionar.