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¿Vacunación obligatoria?

Es mejor que llamemos a las cosas por su nombre. En Alemana y en otros países del centro de Europa ya lo hacen. La ola en la que ya están inmersos de hoz y coz no es la sexta sino la de los “no vacunados”. Si los contagios vuelven a multiplicarse y de nuevo los hospitales están a reventar, no es por azar o por el incontrolable comportamiento del virus. Esta vez ya no. Los estudios certifican lo que la intuición más pedestre nos hacía pensar a los profanos. El 90 por ciento de los positivos actuales tiene su origen en las personas no inmunizadas.

Preguntaba ayer Andrés Krakenberger en los diarios del Grupo Noticias si, dada esta situación, cabría establecer la obligatoriedad de la vacuna. Lo planteaba con una disyuntiva que, con todo el cariño, creo que es más que discutible en su propio enunciado. ¿Prevalece el derecho a la salud sobre el derecho individual a no vacunarse?, nos cuestionaba Andrés. Incluso en esos términos, yo respondo contundentemente que por supuesto. Y me voy al principio requeteclásico: mi libertad termina donde empieza la de cualquiera de mis congéneres. Si no darme el pinchacito solo acarrease consecuencias negativas para mí, allá películas, con mi pan me las comería. Pero es que en este caso, el perjuicio de mi decisión presuntamente soberana es para los demás. Nos pongamos como nos pongamos, no tenemos ningún derecho a difundir un virus que causa estragos tan brutales como los que están tasados y medidos. Por lo tanto, creo que hace mucho tiempo que deberíamos habernos dejado de zarandajas y haber establecido la obligatoriedad de la vacunación, especialmente para el desempeño de ciertas profesiones.

Derecho o ideología

Si tienen medio rato tonto, les propongo un ejercicio divertido e ilustrativo. Se trata de buscar en esas redes de Belcebú y/o en los medios de comunicación de distinta obediencia opiniones de juristas del recopón (incluidos jueces en ejercicio) sobre el caso del ya exdiputado Alberto Rodríguez. Les costará poco comprender cómo en función del pie político del que cojee el espolvoreador de la teoría, con el simpático Rodríguez se ha cumplido a rajatabla lo que contempla el estado de Derecho o se ha cometido una tropelía de cien pares de narices. Y cada experta o experto lo argumenta de modo irrefutable, acogiéndose a un congo de principios jurídicos de la recaraba y acusando a los que sostienen lo contrario, según los casos, de rojos desorejados enemigos del sistema o de fachas irredentos que actúan por odio.

¿Y qué cabe pensar a los infelices con conocimientos jurídicos de andar en pantuflas? Nada. Basta con alinearse con los sabios que defiendan aquello que coincide con las filias y fobias propias. A quien el de las rastas le parezca, como leí ayer a un exabruptador diestro, un vendedor de pulseras de playa con querencia a patear rodillas de policías, concluirá que la pérdida del escaño es poco. Si, por el contrario, derrota por babor, tendrá la certeza de que estamos ante una versión corregida y aumentada del Caso Dreyfus.

Luego estamos los pardillos que tendemos a no comulgar con ruedas ni del molino de arriba ni del molino de abajo. En estado de permanente perplejidad y con sentimiento inenarrable de inferioridad moral, nos preguntamos por qué le llaman Derecho cuando quieren decir ideología.

Patada en la puerta

No hay discusión. Una patada en la puerta es de lo más antiestético. Peor que eso: es abiertamente contraria a las garantías jurídicas más primarias. O directamente un atentado a los derechos básicos. Incluso mentes obtusas como la mía lo entienden y hasta lo defienden. También es verdad que ahí se acaban mis certezas y comienza mi proceloso mar de ignorancias. La primera de ellas es obvia y presumo que compartida con muchos lectores: si lo escrito es así, ¿qué sentido tiene dictar normas de lucha contra la pandemia que atañen a lo que ocurre en el interior de los inexpugnables domicilios, moradas, residencias, aposentos, quelis u hogares?

Quiero decir que parece que sirve de bien poco prohibir reuniones de no convivientes —da igual para jugar al parchís que para correrse un fiestón multitudinario—, si no hay modo práctico de llevar a cabo la disposición. En el mejor de los casos, estamos abocados a imágenes delirantes como la de varias patrullas de la Ertzaintza haciendo vigilia durante horas en un convento de Derio hasta que los participantes de un sarao etílico sin mascarillas ni distancia tuvieron a bien salir. ¿Es lo que cabe hacer ante cada una de las incontables juergas a puerta cerrada que se celebran a diario? Pues asumamos que tenemos un problema muy gordo en la lucha contra el virus.

Sanidad judicializada

Me dicen que se me fue el vitriolo en la columna de ayer. Y no niego un exceso de visceralidad y quizá cierta carencia de argumentos razonados. Pero sigo suscribiendo prácticamente cada coma. Simplemente, no es de recibo que el mismo día en que se certificaron 766 muertos por covid en el conjunto del Estado, unos jueces que habitan en su propia realidad se arroguen el papel de avezados epidemiólogos y dictaminen cómo, cuándo y dónde se producen los contagios. Como escribía atinadamente Juan Ignacio Pérez, que algo sí sabe de ciencia, la ignorancia de estos magistrados del Superior de Justicia Vasco es muy atrevida.

Yo subo la apuesta: más que atrevimiento es soberbia, arrogancia, prepotencia y, en resumen, una superioridad moral ayuna, valga la paradoja, de moralidad. Ni por asomo van a pensar sus señorías que sus designios pueden reventar las UCIs, destrozar familias y dar más trabajo a las funerarias. Deciden sobre las existencias de los demás como si estuvieron resolviendo un sudoku o un crucigrama. Y cuando les llamas la atención sobre la sinrazón que implica que ante un hecho exactamente igual se emitan fallos o sentencias de sentido diametralmente opuesto, aún tienen el cuajo de espetarte que eso es lo bonito del Derecho, que esté al albur de la interpretación de cada diosecillo con toga.

¿Queréis alarma? ¡Tomad!

Bueno, pues ya tenemos el deseo concedido por nuestro particular genio de la lámpara. Recién llegado de fotografiarse contumazmente sin mascarilla en El Vaticano —¿qué decíamos de Trump y Bolsonaro por lo mismo?—, el redentor Sánchez Castejón ha escuchado las preces de sus vasallos y nos ha concedido un estado de alarma de toma pan y moja. ¡Hasta el 9 de mayo de 2020, oigan! No lo hay más largo en nuestro entorno inmediato, a ver qué dirigente europeo se atreve a bajarse la bragueta ejecutiva y medírsela con el mejor dotado de los gobernantes de este lado de Occidente. Bien es verdad que te tienes que reír (por no llorar un río) al aplicar la lupa y comprobar que el toque de queda en Hispanistán comienza a las once de la noche, cuando los componentes del populacho hemos tenido tiempo de sobra de socializar el virus a modo con nuestros compadres.

Más allá de la melonada horaria, qué gran triunfo para los conspicuos defensores de las libertades civiles. Resulta que para evitar que cercenaran (supuestamente) una, la de reunión, nos encontramos ahora mismo con un decreto que permite tumbar durante medio año ese derecho fundamental y otras diez docenas más sin dar ninguna explicación. En resumen, se ha hecho un pan con unas hostias. Hasta tendría gracia si no fuera porque hay gente que sigue muriendo.

Los jueces nos salvarán

Qué esfuerzo más inútil, el de las administraciones públicas al pretender que la gestión de la pandemia se guíe por criterios sanitarios. Epidemiólogos, virólogos y demás profesionales de bata blanca están de más. Los que de verdad saben de esto son los de las togas y las puñetas. Y como muestra más reciente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar el confinamiento de la Comunidad que había decretado el gobierno español alegando que vulnera derechos y libertades fundamentales. Cómo explicar, cómo contar a sus reverendísimas señorías que tales derechos y tales libertades te sirven de una mierda cuando estás muerto.

Y sí, me sé la letanía con que me vendrán incluso muchos de mis más apreciados amigos del mundo jurídico. Que las cosas no son tan sencillas, que entre Ayuso, Illa y Sánchez lo han puesto a huevo, que hay principios irrenunciables que deben prevalecer y bla, bla, requeteblá. A todo eso respondo que sí, que muy bien, que en el plano teórico o académico, esos adagios lucen un huevo. Pero explíquenselo a quien, en el mejor de los casos, se va a pasar dos meses entubado en una UCI porque unos tíos que viven en una realidad paralela pidieron que les sujetaran el cubata para dictaminar que las razones médicas son una coña marinera al lado de su infinita sapiencia.

Derecho a no huelga

Hay cuestiones de primero de Democracia. Convocar una huelga y/o secundarla es un derecho inalienable. Pero no me vitoreen todavía. También no sumarse al paro es un derecho que nadie puede conculcar. Qué hermoso sería que mañana ningún currela se sintiera coaccionado ni para acudir ni para dejar de acudir al tajo. Ustedes y yo, que ya acumulamos las suficientes caídas de guindos, sabemos que no será así. Habrá capataces a uno y otro lado de la puerta que, utilizando la fuerza psicológica o física, impedirán que cada cual ejerza su voluntad. Eso ya es malo, pero casi peor es la certidumbre de que en uno de los casos —y es fácil adivinar en cuál— no cabrá derecho a crítica.

Viene aquí la segunda lección del catón de la libertad. Lo mismo que cabe hacer decálogos de motivos para cantar la perentoria necesidad del plante general, es perfectamente aceptable expresar las objeciones al respecto. Es obvio que, como el tremebundo fascista ajusticiable que soy, me encuentro entre los practicantes de lo último. O, en plata, que no solo voy a intentar currar mañana, sino que estoy convencido de que este llamamiento a la huelga, que respeto sin matices, no va más allá del brindis al sol y el marcaje de paquete.

Hasta ahí, casi todo en orden. Se conoce uno el paisaje y paisanaje. La única pena, insisto que siempre según mi humilde pero también respetable opinión, es que se haga en nombre de causas expropiadas y practicadas en régimen de monopolio. “Esta huelga no les gusta a los privilegiados”, farfullaba el otro día en Twitter un tipo que se levanta catorce pagas anuales (pluses aparte) de 4.000 euros. Y claro, me convenció.