No ha sido la sociedad

Que no. Que se pongan como se pongan, esta vez la sociedad no ha sido la culpable. A Lucía y Rafael los han matado —presuntamente, según manda precisar el catecismo— un par de asesinos alevines perfectamente conocidos en el barrio por su amplísimo historial de hazañas delictivas. Exactamente los mismos que ya el viernes estaban en labios de la mayoría de los vecinos. Si la vaina va de buscar responsabilidades más allá de las de los propios criminales, podemos empezar a mirar entre los y las que voluntariamente se han puesto una venda y no han movido un dedo ante la retahíla de atracos, principalmente a personas mayores, cometidos por estas joyas a las que aún hoy se empeñan en proteger y disculpar con las monsergas ramplonas que ni me molestaré en enunciar.

Repitiéndome, diré simplemente que soy incapaz de imaginar qué catadura hay que tener para saltar como un resorte a defender a los autores de semejante acto de barbarie. Tanta compresión hacia los victimarios y ninguna hacia las víctimas, que a la postre acaban siendo las culpables de su propia muerte por haberse cruzado en el camino de unos incomprendidos a los que no se les puede pedir cuentas sobre sus fechorías. En sentido casi literal, por desgracia.

Bien quisiera estar exagerando la nota, que mis dedos tecleasen impelidos solo por la impotencia que me provoca la muerte a palos de quienes perfectamente podrían haber sido mis padres o mis suegros. Pero ustedes, que tienen ojos y oídos como yo, llevan horas leyendo y escuchando idéntico repertorio de pamplinas de aluvión. No nos queda, por lo visto, ni el derecho a lamentarnos en voz alta.

Matones consentidos

Además de elevarnos la bilis hasta las orejas, el episodio del cagarro humano que hostió impunemente a un chaval mientras le escupía fascistadas nos ha enseñado varias cosas. Para empezar, que el Código Penal español es una mierda pinchada en un palo. ¿Cómo es eso de que hay que buscarse recovecos judiciosos para tratar de emplumar al matón porque lo que han visto y oído millones de personas no es perseguible de oficio y debe mediar denuncia de la víctima? Parece, además, que tal despropósito reza para la paliza, para las humillaciones verbales, para la grabación y la difusión del vídeo y para las nauseabundas bocachancladas posteriores del tipo jactándose de su hazaña. Eso, sin entrar en el kilo y pico de situaciones en que sabemos que no se ha actuado así porque concurrían otro tipo de circunstancias geográficas y/o ideológicas.

Claro que hay una inmoralidad previa aún mayor. El montón de carne anabolizada que se ha anotado una muesca más en su bíceps tiene un interminable historial de acciones similares, lo mismo que la panda de fachuzos descerebrados que lo acompañan. Sin embargo, y aunque la lían por donde pisan, se mueven tan ricamente de aquí para allá y acceden sin problemas a los estadios de fútbol, rodeados de un dispositivo policial que, tócate de nuevo los pies, pagamos los ciudadanos a escote.

En el caso concreto que nos ocupa, a lo anterior hay que añadir que estos fulanos dicen ser aficionados del Betis. Como los que jalean al siete veces imputado por violencia machista Rubén Castro o al neonazi ucraniano Roman Zozulya mientras el resto de la hinchada y el club silban a la vía.

De togas y maltratadores

No son solo las absoluciones y las cortesanas libradas de la cárcel de la parentela del rey. Ni el trato benévolo cuando no directamente bonachón a los corruptos conspicuos de la parte alta del organigrama, empezando por los que tienen o han tenido ciertos carnés. Ni la facilidad con la que, en contraste, se enchirona a los pardillos elegidos para dar ejemplo al populacho. Qué va. Es prácticamente todo. La Justicia española hiede por cada uno de sus costados. Atiendan a la última fechoría.

Todos contemplamos con el vello erizado y la respiración suspendida la brutal paliza que un tipejo le propinaba a una mujer en un portal. El vídeo mostraba cómo el agresor tiraba al suelo a la víctima, la golpeaba ferozmente con pies y manos, y finalmente se la llevaba escaleras arriba arrastrándola por el pelo. La condena inicial para el desalmado maltratador fue de dos años de cárcel, pero a sus ilustrísimas señorías de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante les ha parecido que la tunda no fue para tanto.

Los fulanos con toga han dejado la cosa en 9 meses porque entienden que, al no haber lesiones, los hechos no pasan de ser un delito de violencia de género simple. “Simple”, se lo juro, esa es la denominación técnica, que en sí misma clama al cielo. Es decir, que como no desgració a la joven, el matón se va de rositas. Para dar un poquito más de asco y rabia, la sentencia deja caer que la difusión de las imágenes había provocado un juicio público al pobrecito acusado. Y ya saben, punto en boca, que es una decisión de los eruditos de la ciencia judiciosa. Luego, que si tolerancia cero y tal.

Saber quiénes son

Lo primero, el aplauso. No está todo perdido en este oficio de tinieblas. Un porrón de auténticos periodistas del mundo entero se han dejado las cejas durante meses para poner al descubierto a miles de figurones planetarios que —como poco— han escaqueado y/o escaquean pasta a paletadas en Panamá. Eso merece una celebración, incluso aunque todo quede en uno de esos gigantescos esfuerzos que por baldíos conducen irremisiblemente a la melancolía. ¿Por qué ha de ser así, si las pruebas son tan claras? Veamos…

De entrada, técnicamente, para España el país centroamericano no es un paraíso fiscal. A pesar de que el pato anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, el gobierno de Zapatero —oh, sí, me temo que sí— retiró tal consideración para no perjudicar (o sea, para beneficiar) a los emporios patrios de la construcción que pretendían pillar cacho en las obras de ampliación del canal.

Añadan, como se están encargando de explicar con gran dolor de su corazón los autores de la investigación y los expertos en marrones económicos, que en buena parte de los casos ni siquiera estamos ante delitos penalmente perseguibles. Resulta que las empresas offshore, los testaferros, los accionistas fiduciarios y toda esa casquería financiera que aparece en las noticias pueden ser instrumentos inmorales de cabo a rabo, pero no necesariamente ilegales. Más allá de alguna dimisión cosmética —en Islandia, pongamos— y quizá un pellizco de monja de las supuestas autoridades fiscales, no cabe esperar castigo. ¿Qué nos queda, entonces? Saber quiénes se ríen de nosotros y, a partir de ahí, actuar en consecuencia.

Contra el olvido

Con el rostro pétreo de costumbre, Javier Maroto hace un birlibirloque de unas viejas palabras de Xabier Arzalluz y termina recetando inyecciones de olvido a las víctimas del 3 de marzo. Su consejo, pasar página. La náusea es inmediata. Y con ella vienen la indignación, el dolor, la incredulidad y la sospecha —una vez más— de que el exalcalde de Gasteiz no tiene corazón.

Sé que es duro lo que acabo de escribir, probablemente mucho más que cualquiera de las mil y una invectivas que le he lanzado a lo largo de los años. Sin embargo, no se me ocurre otro modo de referirme a alguien que sale sin ambages en defensa de los oscuros verdugos ideológicamente no lejanos que provocaron la matanza. Después de cuarenta años de negación, de justificación, de ninguneo, de inconmensurable agravio comparativo, un individuo en calidad de portavoz municipal de su grupo político se permite abogar por la amnesia voluntaria. No cuesta demasiado imaginar lo que —¡con toda la razón del mundo!— diría Maroto frente a quien propusiera echar tierra sobre los asesinatos y las extorsiones de ETA.

Y este es el punto en que las presentes líneas se vuelven reversibles. No, no, y un millón de veces no a cualquier forma de cierre en falso. Dos millones si se tratan, de acuerdo a la costumbre, de desmemorias selectivas, es decir, sectarias. Vale ya de esa trampa inmoral que consiste en exigir que se llegue hasta el fondo de estas responsabilidades mientras se demanda el pelillos a la mar para aquellas. Si de verdad pensamos que todo el sufrimiento es uno —por desgracia, me temo que no es así— deberíamos conjurarnos contra el olvido.

Intocables

Como la Justicia es igual para todos y tal, el censo de aforados en el reino hispanistaní asciende a 10.000 caballitos blancos. Es decir, diez millares de individuos que, en caso de comisión presunta o fehaciente de un delito, solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Importa tres que se trate de un calentón en una discusión de tráfico, una agresión sexual, malos tratos, un atraco a mano armada, la organización de una banda parapolicial o los cohechos y cazos de rigor. Llegado el momento de rendir cuentas, les cabe acogerse al sagrado jurídico de una instancia que tiene por costumbre echar pelillos a la mar en un par de folios. Felipe González, Yolanda Barcina o José Blanco son tres de los muchísimos agraciados por esta lotería trucada. La colección de indicios clamorosos que habían recopilado voluntariosos instructores de a pie se quedó en papel mojado cuando llegó a la mesa de los supertacañones con galones en las puñetas, tipos, por lo demás, que adeudan su puesto a los mismos sobre cuyas faltas deben decidir. Hoy por ti, mañana por mi.

Para mayor abundamiento en el sobeteo de bajos que supone este flagrante agravio, todavía tienen el desparpajo de vendérnoslo como una salvaguarda de la democracia. Juran, o sea, perjuran, que el aforamiento no es un privilegio sino el modo de preservar a los representantes de la soberanía popular de denuncias y/o querellas de motivación política. Ya, por eso en Francia o Italia solo hay un cargo —el de jefe de estado— sujeto a esta prebenda y en Gran Bretaña o Inglaterra no hay ninguno. Luego se ponen como hidras si se los señala como casta.

Doctrina y pretextos

Bienvenida sea la derogación de la doctrina Parot. Cantaba a leguas que era un chapucero aguaplast jurídico para tapar un boquete de serie en la legislación española, que conjuga escandalosas condenas a tres mil años con un sistema de bonus y cupones de descuento que muchísimas veces dejan la pena real en una ganga. En contrapartida, por una chorrada de delito, hay desgraciados que pringan un decenio, sin que a los paladines de las nobles causas se les mueva media ceja. Cuestión de fotogenia criminal.

O sea, que sí, que muy bien por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin venirse arriba y sin olvidar ciertos detalles. Por ejemplo, que esa institución a la que se le hace la ola por su ecuánime dictamen es la misma en cuyas muelas nos ciscamos cuando bendijo la ilegalización de Batasuna. No puede ser que sus magistrados antes fueran tildados de mamarrachos que emitían sus veredictos sobre lo que no tenían ni puta idea y ahora sean festejados como inspiradísimos y atinadísimos señaladores de la verdad. Ni viceversa, claro.

Ocurre, me temo —y esta es la parte más delicada de mi mensaje de hoy— que una vez más el asunto no va ni de justicia ni de derechos humanos, por mucho que casi todo el mundo se haya refugiado en ambos elevados conceptos para vender su mercancía. La inmensa mayoría de las posturas a favor o en contra de la Doctrina Parot son políticas o de conveniencia. En un lado se defiende la institucionalización de la venganza y el retorcimiento de las leyes para mantener alta la moral del ultramonte. En el otro se pretende dar carta de naturaleza al pelillos a la mar ante quien ha cometido una docena de asesinatos y no siente el menor cargo de conciencia por ello. Me gustaría pensar que hay un camino intermedio entre el encarnizamiento penitenciario y la impunidad, y que es por el que ha optado, aunque sea de puñetera chamba, el Tribunal de Estrasburgo..