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Desmemorias

El martes pasado, una juez de Iruña mandó al fondo del cajón la querella que pedía que se esclareciera lo que ocurrió en los sangrientos sanfermines de 1978 y, particularmente, la muerte de Germán Rodríguez a consecuencia de un balazo de la policía postfranquista. Sostenía su señoría que el asunto estaba ya dilucidado en tribunales —era cosa juzgada, según la jerga—, en referencia a diversos procedimientos judiciales llenos de trampas y agujeros que habían establecido que no había forma de relacionar a los uniformados señalados con los hechos. En resumen: como los culpables se fueron de rositas una vez, así será para los restos. Impunidad se llama la vaina.

Como es no solo lógico, sino justo y humano, la decisión de la togada nos removió las tripas a los que creemos en una memoria completa. Que hayan transcurrido 42 años de los oprobiosos hechos no puede servir de excusa para echar tierra sobre el asunto. Las heridas de quienes padecieron aquello siguen abiertas. No creo que sea nada difícil de comprender, ¿verdad? Pues si tuviéramos una gotita de honradez personal e intelectual, veríamos que exactamente por el mismo principio, cuando se descubre un zulo con material que sirvió para matar, no es de recibo alegar que el arsenal tiene diez años y que en este caso sí procede pasar página.

Los jueces nos salvarán

Qué esfuerzo más inútil, el de las administraciones públicas al pretender que la gestión de la pandemia se guíe por criterios sanitarios. Epidemiólogos, virólogos y demás profesionales de bata blanca están de más. Los que de verdad saben de esto son los de las togas y las puñetas. Y como muestra más reciente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar el confinamiento de la Comunidad que había decretado el gobierno español alegando que vulnera derechos y libertades fundamentales. Cómo explicar, cómo contar a sus reverendísimas señorías que tales derechos y tales libertades te sirven de una mierda cuando estás muerto.

Y sí, me sé la letanía con que me vendrán incluso muchos de mis más apreciados amigos del mundo jurídico. Que las cosas no son tan sencillas, que entre Ayuso, Illa y Sánchez lo han puesto a huevo, que hay principios irrenunciables que deben prevalecer y bla, bla, requeteblá. A todo eso respondo que sí, que muy bien, que en el plano teórico o académico, esos adagios lucen un huevo. Pero explíquenselo a quien, en el mejor de los casos, se va a pasar dos meses entubado en una UCI porque unos tíos que viven en una realidad paralela pidieron que les sujetaran el cubata para dictaminar que las razones médicas son una coña marinera al lado de su infinita sapiencia.

Torra, ahora mártir

Aires de fiesta, parapapá, en el ultramonte hispanistaní. Se celebra con estrépito la inhabilitación de una de las principales bestias negras de los recios cavernarios. Por obra y gracia del Tribunal Supremo español, el president (bien es verdad que accidental) de la Generalitat, Quim Torra, ha sido desposeído de su cetro y enviado a la cuneta institucional. Menuda sorpresa, ¿verdad? Los jueces y parte cumplen su propia autoprofecía. Hasta el que reparte las cocacolas sabía cómo acabaría esta película desde el mismo instante en que el entusiasta testaferro de Puigdemont Primero de Waterloo se negó a retirar los famosos lazos amarillos en pleno fregado electoral.

Fíjense que hubiera sido fácil evitar el desenlace impepinable. Habría bastado una migaja de pragmatismo o de mera inteligencia política. No hay que ponérselo fácil al enemigo. Menos, cuando, como es el caso, quien está enfrente carece del menor principio ético. Al succionador regio Lesmes y a sus mariachis hace mucho que dejaron de importarles las apariencias. Si había que condenar a la muerte civil a Torra por una chorrada, lo harían y, de propina, revestirían el acto de épica, como si fueran el último dique de contención contra el secesionismo, incluso al precio de convertir en mártir a un personaje menor. Bien mirado, unos y otros ganan.

Zaldibar argitu… o así

Homicidio imprudente, libertad con cargos y retirada de pasaporte. Pues así, de saque, no parece poca cosa lo que ha dictaminado la juez sobre el propietario y los directivos principales del vertedero de Zaldibar. Curioso, sin embargo, que hayan tenido que pasar casi seis meses y que la iniciativa de la detención partiera de la Ertzaintza. Se pierde uno en los vericuetos judiciosos, pero si los renglones torcidos son para empezar a escribir el relato más verídico posible de lo que llevó a la tragedia (como dije ayer, nada accidental) del 6 de febrero, procede dar la bienvenida a este paso. De eso se trata, ¿no?, de esclarecer lo que desembocó aquella fatídica tarde en la sepultura en vida de dos personas cuyos cadáveres siguen sin aparecer y en una catástrofe medioambiental sin precedentes en el terruño.

Zaldibar argitu; Aclarar Zaldibar, proclaman las consignas aventadas con idéntico ardor en euskera o recio castellano, según la parroquia que pretenda hacer caja del drama. Como intención, vuelvo a repetir, me parece nobilísima. Aguante su vela cada palo y depúrense todas las responsabilidades, incluyendo (o empezando por) las políticas. Ojalá. Pero de sobra sabemos que esto no va de eso, sino de cargar literalmente los muertos, venga o no a cuento, al adversario, o sea, al enemigo político.

Altsasu, suma y sigue

Me cuesta mucho ver la buena noticia. Después de 1.325 días en prisión, tres de los jóvenes de Altsasu han obtenido el tercer grado penitenciario y pueden pasar fuera del trullo los fines de semanas. Es verdad que menos da una piedra, pero su situación sigue siendo una injusticia del tamaño de media docena de catedrales. Creo que es importante dejarlo claro, porque un puñado de magnánimos demócratas ya han empezado a hilar sus instructivos discursos sobre la benevolencia del Estado de Derecho, que es ese Dios que aprieta pero no ahoga y deja que hasta las ovejas más descarriadas tomen un poquito de aire… antes de volver al redil a terminar de cumplir una condena brutalmente desproporcionada respecto al delito cometido. Condena, por demás, que fue fruto de un proceso judicial prêt-à-porter plagado de —como poco— incongruencias, pruebas endebles y dudas más que razonables incluso sobre la presencia de los acusados en el lugar de los hechos.

Y conste que esto lo anota alguien que rechaza de plano la letanía de la “pelea de bar”. Somos lo suficientemente mayores para saber que lo que ocurrió aquella infausta madrugada no fue un encontronazo fortuito. Pero tampoco nada que justificara ni de lejos un ensañamiento judicial y penal como el que vino después y, por desgracia, todavía no ha concluido.

Manos muy sucias

Permítanme que me vaya al córner de la actualidad. Con la(s) que está(n) cayendo aquí y allá, se ha quedado en suelto de aluvión el comienzo ayer en la Audiencia Nacional —casi nada— del macrojuicio por extorsiones sistemáticas al autoproclamado sindicato Manos Limpias y a su brazo expoliador llamado Ausbanc. Qué recuerdos, ¿eh? Hubo un día, y no demasiado lejano, en que esta patulea de fachuzos sacamantecas eran paseados a hombros en las pocilgas cavernarias como martillo de herejes rojoseparatistas.

Y claro, el primer nombre que me viene a la cabeza es el de Juan Mari Atutxa. Me pregunto qué pensará desde su recién estrenado retiro de la vida pública al ver en el banquillo a los facinerosos que iniciaron —insisto que con el aplauso unánime y entusiasta del ultramonte mediático y político— el acoso y derribo contra quien actuó en conciencia cuando era presidía el Parlamento Vasco. Gran diferencia, no puedo evitar anotar al margen, con el socio de los más levantiscos y rebeldes de la Vasquidad, apellidado Torrent, que por no comerse un marronaco, ha acatado sumisamente el mandato de la Justicia española de segar la hierba bajo los pies de su supuesto aliado en el camino hacia la independencia.

Concluiré, uniendo lo uno y lo otro, que el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio. Atutxa, después de un viacrucis cruelmente prolongado, puede exhibir un expediente judicial tan inmaculado como su conciencia y vivir con placidez el resto de sus días. Miguel Bernard y su secuaz Luis Pineda van camino de la trena, ojalá que para una larga temporada, entre los escupitajos olvidadizos de los que tanto los jaleaban.

Duros de birrete

Para que no digan que ando demasiado esquinado contra el despampanante gobierno español, anoto aquí y ahora que comparto palabra por palabra lo que dijo Pablo Iglesias sobre las veces en que la justicia europea le ha pintado la cara a la española. Incluso aunque cuando tuve noticia de la declaración pensé que el vicepresidente (¿Segundo? ¿quinto?) habría soltado una inconveniencia, tras escucharlo, no me duelen prendas en reconocer que estuvo moderado.

La utilización del término humillación responde a una descripción muy ajustada a los hechos que se han ido produciendo en cascada de un tiempo a esta parte. Casi cada decisión de los togados hispanos respecto a la cuestión catalana ha recibido un soplamocos —a veces a mano abierta— de diferentes instancias jurídicas de países de la UE o directamente de los propios tribunales europeos. Y en este último caso, no solo sorprende sino que acongoja ver cómo los supuestamente más versados en Derecho amén de europeístas del recopón no aceptan que formamos parte del mismo sistema jurídico. O sea, que como en el programa aquel de la tele viejuna que tanto me gusta citar, si coche, coche y si vaca, vaca. Se acata la decisión y ya, si eso, se critica con absoluta naturalidad y sin dramatismos. Nada más sano que la libertad de opinión, que es donde volvemos al objeto principal de estas líneas. Desde el banco azul, desde la oposición, desde su despacho universitario o desde un parque subido en una caja de fruta y megáfono en mano, Iglesias, usted, yo o cualquiera somos libres de decir lo que nos parezca oportuno sobre la Justicia. Pero al CGPJ no le entra bajo el birrete.