Vox tuitea la imagen del máximo responsable de RBA, la editora de la revista El Jueves, acompañada de un texto que invita a la intimidación y aporta la localización de su despacho. A todas luces, es un señalamiento matonil inaceptable, condenable y denunciable incluso en sede judicial, si es que no es un comportamiento que requiere actuar de oficio. No es solo un ataque indiscutible a la libertad de expresión sino, además, la instigación a cometer un delito contra la seguridad de la persona aludida, su familia o los trabajadores de la editorial o la propia publicación. Es algo que queda fuera de toda duda y me alegra la claridad meridiana con la que se ha visto por casi todo el mundo. Quizá aquí proceda agradecer a Vox, aunque sea con ironía, su contribución pedagógica. Nos han mostrado un hecho reprobable de manual. Ahora la pelota ha caído —aviso del giro de esta columna— al tejado de muchísimos de los que se están echando las manos a la cabeza por esta indignidad, cuando miran hacia otro lado frente a otras idénticas. Eso, claro, si es que no las perpetran directamente. Está mandando muchas narices que varios de los más contumaces señaladores de enemigos del pueblo se hayan situado a la cabeza de la manifestación. Eso que con tanta razón los solivianta y encorajina es exactamente igual a sus prácticas mafiosas cuando apuntan y disparan sus misiles dialécticos con nombres y apellidos hacia quienes les resultan molestos. Pero entonces hablan del legítimo derecho a la crítica, o peor, apelan a la todavía más legítima lucha contra el fascismo, categoría en la que cabe cualquier desafecto a su causa.
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El estado de alarma no existió
Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.
Cuatro balas a Iglesias
A ver si de esta lo aprendemos para siempre. Enviar un sobre con balas es un acto absolutamente intolerable. Exactamente igual que pintar en las paredes dianas con nombres. O que arengar desde las redes a la borregada contra los enemigos de este o aquel pueblo. Minimizar, justificar o poner en duda la veracidad de tales hechos es situarse entre los antidemócratas sin remisión. O, directamente, entre los fascistas, que como tengo dicho aquí mil veces, con harta frecuencia se presentan como antifascistas.
Vaya descojono, por cierto, que los ultramontanos diestros puestos entre la espada y la pared salgan con el viejo comodín: condenamos todas las violencias. Si no fuera por la descomunal tragedia que hay de fondo, resultaría cómico el parecido más que razonable entre los extremos que no es que se toquen. Se besan con lengua hasta la campanilla porque son, tachán, tachán, el mismo guano con distinto disfraz. Quedan solo un escalón por debajo los tontos del haba —da igual con tres seguidores en Twitter que con diez millones— que sueltan soplapolleces de aluvión sobre la equidistancia. Muy poco se dan cuenta de que sus infantiles tiroliros demagógicos son la proteína que engorda día a día a los abascálidos. Por lo demás, ojalá fuera la dignidad y no el cálculo electoral lo que impulsara las denuncias.
Catalunya, ¿cuántos bloques?
Sonrío con resignación al escuchar una y otra vez la eterna martingala de los dos bloques perfectamente definidos en Catalunya. El propio desarrollo de los acontecimientos en los últimos meses y, más concretamente, la foto post electoral del domingo debería servir para desmentir el falso mito del independentismo y el unionismo, o en su versión alternativa, del soberanismo y el constitucionalismo. Empezando por estos últimos, quizá hubo un tiempo en que cabía considerar como amalgama más o menos compacta a todos los que se dejaron ver en francachelas rojigualdas como las que se convocaban en Colón o Urquinaona. Hoy es evidente que el PSC —por lo menos, hasta nueva orden— no compartiría esa foto y por lo tanto, queda fuera de la imaginaria suma españolista del supuesto 50 por ciento.
En cuanto a los que aspiran a tener una nación propia, quizá sí podamos encontrar cierta homogeneidad. Otra cosa es que su unidad de acción sea fruto de la necesidad y tenga que sortear cada vez más serios y profundos desencuentros. Con todo, la inercia y la certeza de saber que por separado se iría al carajo el objetivo mantienen a ERC y Junts (la CUP es otra historia) en una alianza que no termina de quebrarse. Y la prueba es que, pese a todo lo que se tienen dicho y hecho, parecen dispuestos a seguir de la mano.
Todo sigue en el aire
Pues sí, es indiscutible. Se ha consumado el Efecto Illa: victoria en votos y empate en la cabeza en número de escaños, sumando 16 actas más de las cosechadas por el PSC en 2017. Merece ovación y vuelta al ruedo el casi hasta anteayer ministro de Sanidad del Reino de España. Otra cosa es que tan meritorios resultados le vayan a servir para mucho más que para ponerlo en su currículum o para haber pasado una dulce noche celebratoria. Y no hay que ir muy lejos para buscar el precedente. En las elecciones de hace tres años y dos meses, fue Inés Arrimadas la que bailó todas las congas del mundo como ganadora de aquella cita con las urnas al amparo del 155. Aquello no solo no le sirvió ni para oler de lejos el Palau de la Generalitat, sino que ha acabado en una de las bofetadas más tremendas que se recuerdan en aquellos lares.
Muy cierto: es altamente improbable que a un partido asentado como el PSC le aguarde un final similar. Pero el resto de la historia sí apunta a que va a ser la misma. Por más campeón que haya sido en el conteo de sufragios, ahora mismo tiene escasas probabilidades de convertir el éxito en un vale para presidir Catalunya. Se antoja altísimamente complicado que ERC, que en la subcompetición del soberanismo le ha ganado a Junts por los pelos, esté dispuesta a facilitar el gobierno de quien todavía se considera como uno de los responsables del mentado 155. Con los datos aún calientes, solo un monumental giro de los acontecimientos puede hacer que Illa sea otra cosa que líder de la oposición. Eso o, en el mejor de los casos, candidato en unas elecciones repetidas en julio.
Ahí viene la otra gran derivada. ¿Serán capaces ERC y Junts de superar su creciente e indisimulada inquina mutua? O, personalizando, ¿aceptará Carles Puigdemont que, aunque haya sido por un puñado de votos, las siglas que deben liderar un gobierno soberanista son las de ERC? ¿Qué condiciones le pondrá Junqueras? Todo eso, sin contar, que para la mayoría absoluta tendrán que granjearse a la CUP.
Dejo para el final lo que, pese a los titulares de fogueo que veamos, apenas pasa de lo anecdótico. De verdad, más allá de cierto retortijón, la abrupta entrada de Vox al Parlament no cambia demasiado el panorama. Todo lo que ha ocurrido es que ha habido un corrimiento a la requeteultraderecha en el unionismo más rancio. Si suman, verán que, en realidad, la tripleta de Colón tiene menos representación que en 2017. No pintarán nada en lo que sea que vaya a ocurrir, que ahora mismo sigue en el aire.
Votar al Ibex 35
Todavía voy por la calle riéndome bajo la mascarilla al recordar la acongojante carambola que permitió que fuese convalidado en el Congreso el Decreto que regirá los suculentos fondos europeos para la recuperación. ¡Gracias a la inesperada abstención de Vox y a los votos favorables casi sobre la campana de Euskal Herria Bildu. Y sí, dirán ustedes, que hubo otras formaciones que respaldaron la vaina, como Más País, Compromís o el PNV. La diferencia es que tales grupos estaban ahí de saque y que por delante le habían atizado unas buenas collejas al doctor Sánchez por salir a las votaciones a porta gayola, sin negociar ni un tantín los posibles apoyos. El sí de los liderados por Arnaldo Otegi llegó, reitero, in extremis y tras haberle arrancado al presidente español la promesa de incluir medio parrafito sobre los ayuntamientos.
La actitud del autotitulado soberanismo vasco ha sido digna de aplauso, no lo voy a negar. Asunto diferente es que vaya a pasar por alto que EH Bildu ha votado a favor de la viga maestra para pedir y gestionar esos fondos que hasta ahora han venido diciendo que van a ser mangoneados por las poderosas corporaciones del Ibex 35, los del club Bilderberg y, en general, los malvados hijos de Davos. ¿Cambiará el cuento ahora que han dado el visto bueno a tal cosa? Vuelvo a reírme.
Ruido de togas
Leo a un jurista poco sospechoso de derrotar por la diestra que la decisión del Tribunal Supremo ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegi y los otros cuatro de Bateragune no debe ser considerada motivo de escándalo. Sostiene el experto —de nombre, Miquel Pasquau— que tal repetición se deriva directamente de la nulidad del juicio a instancias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Si no entiendo mal la explicación, no cabría una condena mayor a la del proceso anterior ni, desde luego, la vuelta a prisión. En el peor de los casos, se dilucidará si los otra vez acusados tienen derecho a ser indemnizados por el tiempo que pasaron en la cárcel y si procede o no la inhabilitación.
Quizá sea exactamente así y lo aceptaría si estuviéramos hablando de una Justicia —y, sobre todo, de unos encargados de administrarla— fuera de dudas. Es evidente que no estamos ni de lejos ante tal supuesto, como prueba la larga bibliografía presentada por el muñidor de la decisión, el magistrado Manuel Marchena. Tampoco es baladí, que gusta decir a los columneros finos, el hecho de que todo esto sea fruto de la petición de una asociación de víctimas vinculada sin tapujos con Vox. Nos preocupamos con razón por el ruido de sables, pero quizá deberíamos estar más acongojados por el ruido de togas.