Homicidio imprudente, libertad con cargos y retirada de pasaporte. Pues así, de saque, no parece poca cosa lo que ha dictaminado la juez sobre el propietario y los directivos principales del vertedero de Zaldibar. Curioso, sin embargo, que hayan tenido que pasar casi seis meses y que la iniciativa de la detención partiera de la Ertzaintza. Se pierde uno en los vericuetos judiciosos, pero si los renglones torcidos son para empezar a escribir el relato más verídico posible de lo que llevó a la tragedia (como dije ayer, nada accidental) del 6 de febrero, procede dar la bienvenida a este paso. De eso se trata, ¿no?, de esclarecer lo que desembocó aquella fatídica tarde en la sepultura en vida de dos personas cuyos cadáveres siguen sin aparecer y en una catástrofe medioambiental sin precedentes en el terruño.
Zaldibar argitu; Aclarar Zaldibar, proclaman las consignas aventadas con idéntico ardor en euskera o recio castellano, según la parroquia que pretenda hacer caja del drama. Como intención, vuelvo a repetir, me parece nobilísima. Aguante su vela cada palo y depúrense todas las responsabilidades, incluyendo (o empezando por) las políticas. Ojalá. Pero de sobra sabemos que esto no va de eso, sino de cargar literalmente los muertos, venga o no a cuento, al adversario, o sea, al enemigo político.