En Iparralde, EAJ-PNB no lo ha dudado y ha decidido pedir el voto para frenar a la extrema derecha francesa. Eso incluye hacerlo para candidatos como Peio Dufau, de EH Bai, el partido análogo a Sortu (más que a Bildu) en Iparralde. Las y los jeltzales son fieles, de esta manera, a su tradición anti ultra. ¿Habrían hecho EH Bai, o Sortu, o Bildu, lo mismo? De momento, sabemos que lo que sí han hecho sus candidatas y candidatos es presentarse por una agrupación de partidos fieles a la tradición política francesa: profundamente jacobinos, centralistas y francesísimos. Los autorretratos en el norte están siendo muy fieles a la realidad.
Un punto de inflexión
En el sur, es sin duda un error manifiesto, de esos que pueden tener consecuencias, este tuit y la nota de prensa del PSN: “Rechazamos la decisión unilateral del presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos al imponer la obligatoriedad de euskera en el puesto de responsable de comunicación. ‘No vamos a permitir exclusiones’, esto supone ‘un punto de inflexión’”. Los entrecomillados del tuit no podemos atribuírselos a nadie porque en la nota no hay citas directas: lo dice el PSN (y veremos qué dice María Chivite, la intachable) es grave y puede suponer (tal vez deba hacerlo), en efecto, un punto de inflexión.
Tenemos un problema
Tenemos muchos problemas en la CAV y en Euskadi, además de la incapacidad del PSE y PSN de admitir el país que habitan. Pero tenemos otro gravísimo: “Euskadi y Navarra figuran como las comunidades autónomas con una mayor tasa de delitos e incidentes de odio en España. Se trata de delitos fundamentalmente de carácter racista y xenófobo” (El Independiente). Evidentemente, en Hegoalde las y los migrantes tienen sensación de seguridad y por eso no temen denunciar. Y hacen bien. Pero que la percepción global hacia quienes vinieron a convivir con nosotras y nosotros impulsa esos delitos, y que eso es un problema es indiscutible.
En el PP tampoco lo han entendido
Normalmente este solía ser un problema de la izquierda: en Euskadi, Bildu, y en España, Podemos, no acababan de entender que la prensa fiscaliza a la política, y no al revés. Ahora el PP se ha contagiado, y Silvia Intxaurrondo, blanco de las iras de los de Núñez Feijóo desde que este fue desnudado con una repregunta de la periodista, ha terminado por verse obligada a recordar lo obvio: “En el mundo de la comunicación se debe trabajar con autonomía y libertad asumiendo toda responsabilidad” (El Plural). El PP ha llevado hasta el Congreso el acoso a Intxaurrondo, pero esto va así: las y los periodistas ponemos la lupa.
No podemos normalizarlo
Como Pablo Iglesias me tiene bloqueado en X, no he podido leer su reflexión después de que la jueza Belén Pérez haya absuelto a Miguel Frontera, al que habían denunciado Iglesias e Irene Montero por “el acoso fascista durante un año en las puertas de su casa”. Sí puedo leer lo que han publicado en el digital de Iglesias, Canal Red, al respecto, que son estas declaraciones de Montero a Aimar Bretos: “El sistema judicial está tomando decisiones para legitimar y normalizar la violencia de la extrema derecha”. Unas declaraciones con las que estoy de acuerdo en este caso en concreto: no podemos normalizar lo que sucedió y está pasando.
